La concentración de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) que reunió este martes ante las puertas del Juzgado de lo Penal de Cádiz a más de 200 personas para dar su respaldo a los ocho detenidos por la huelga en 2021 contó con la participación del resto de sindicatos del sector, que 24 horas después han reiterado, por medio de sus representantes provinciales y regionales el respaldo a los compañeros que se enfrentan a dos años de cárcel por desorden público y otro más por atentado a la autoridad.
“Están siendo juzgados por ejercer el derecho a huelga”, ha lamentado la secretaria provincial de CCOO en Cádiz, Inmaculada Ortega, a preguntas de VIVA CÁDIZ, antes de la celebración de la asamblea de la organización para abordar retos futuros en la provincia, celebrada en el edificio Herakles, en Zona Franca.
“Respetamos el procedimiento judicial, pero nos solidarizamos con los ocho porque el derecho a huelga no puede ser judicializado”, ha insistido.
Nuria López, máxima representante de CCOO en Andalucía, ha asegurado que estas personas “están incursas en un proceso injustamente” y ha remarcado que “la huelga no es delito, lo que es delito es explotar a los trabajadores”.
En cuanto a los hechos registrados los días 22 y 24 de noviembre, por los que fueron detenidos los compañeros, ha reclamado con urgencia al Gobierno de España y a las formaciones de izquierdas a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
“Una intervención de la Policía Nacional, con tanqueta, entonces no se había visto nunca”, ha apuntado, por su parte, Enrique Estévez, responsable de CSIF Cádiz. “Hubo sobreactuación de las fuerzas del orden público y los mandos que dieron las órdenes pertinentes”, ha agregado, recordando que los paros de hace dos años y medio se hicieron para reivindicar unas demandas “que compartimos” para un sector “muy castigado”.
Al respecto, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha remarcado que todo se produjo en el marco de “una huelga legal y llegamos a un punto” con respecto a la negociación del convenio, que era inviable.
En cuanto a “llevar al ámbito penal la defensa de los derechos de los trabajadores”, ha ironizado con que “no vamos a poder salir a la calle”.
Cabe recordar que el juico previsto ayer quedó suspendido al considerar el magistrado que el órgano judicial competente, tras la reforma del Código Penal para la tipificación del delito de desorden público, es la Audiencia Provincial, a la que se dará traslado el expediente.
La defensa ha denunciado múltiples irregularidades en el procedimiento y mantendrá la solicitud de absolución para los ocho.
