Así consta en el escrito firmado por el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, que remitió ayer al departamento dirigido por Francisco Caamaño, en el que reitera las “dificultades técnico-jurídicas” para que la Audiencia Nacional investigue la desaparición de niños recién nacidos entre 1940 y principios de la década de los ochenta denunciados, algunos de ellos en Andalucía.
Esta posición ya fue adelantada por la Fiscalía a la plataforma Grupos de Afectados de Clínicas de Toda España en una reunión celebrada el pasado 22 de noviembre después de que el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid se inhibiera de esta causa en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, al que aún no ha llegado la petición.
Laplataforma denunció la existencia de “cientos de casos” de sustracciones de recién nacidos en diversas clínicas españolas a cuyos progenitores se les comunicó su fallecimiento aunque fueron entregados a otras familias “previa falsificación de los documentos necesarios” para ello.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que las denuncias no pueden tener entrada por la vía penal dadas las “dificultades técnico-jurídicas tanto en cuanto a la competencia de este órgano judicial -la Audiencia Nacional- como en cuanto a la realización de una investigación penal efectiva”.
También insiste, tal y como expuso a la plataforma, en que, dada la antigüedad de la presunta comisión de los delitos, éstos podrían haber ya prescrito.
Asimismo, subraya que los hechos descritos no están contemplados en la Ley de Memoria Histórica, “ni siquiera para aquellos casos en los que resulte acreditado que la sustracción de menores a sus progenitores se enmarca en un plan de represión por motivos ideológicos o políticos diseñado por el régimen franquista”.
Zaragoza destaca al ministerio que “es de estricta justicia atender a las peticiones” de estos colectivos mediante la creación de una oficina de atención a estas víctimas que coordine todas las actuaciones dirigidas a la identificación y concreción de todos los casos.
Unas normas que pese a “circunstancias acaecidas en cada uno de los casos que se identifiquen fehacientemente como sustracción de menores recién nacidos, falsificación de documentos para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias”.
