La petición de inscripción se puede formular de forma presencial, por teléfono y a través de Internet, en este último caso, con certificado digital. Entre la documentación que deberá adjuntarse a la solicitud para acreditar que se reúnen los requisitos para optar a una VPO están la declaración de la renta o un certificado de retenciones; y la copia de nóminas o recibo de pensión.
Además, el interesado también deberá presentar la tarjeta de desempleado en caso de que se esté en paro; la certificación de minusvalía, si se padece alguna; o la justificación si está incluido en algún colectivo especial con derecho a protección, además del DNI o NIE, de todos los mayores de edad, el libro de familia, o certificado de pareja de hecho, así como el oportuno certificado de empadronamiento.
Este registro, a modo de base de datos permite a la administración local tener una información más exacta y fiable respecto a las necesidades reales en materia de vivienda y llevar a cabo una planificación más eficaz de las actuaciones precisas para proyectar y promocionar las VPO y satisfacer la demanda, en coordinación con otras instancias administrativas tanto provinciales como regionales.
El concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Alfonso Pecino, destacó la importancia y la utilidad de la iniciativa. “Se trata de una herramienta clave para dar respuesta a la demanda de viviendas de protección oficial de aquellos ciudadanos que más las precisan y que tienen dificultades para acceder a las de renta libre y esa demanda es una prioridad para el equipo de Gobierno, como lo es también para la Junta de Andalucía, a pesar de las dificultades económicas y los recortes presupuestarios de los tiempos que corren”.
