La Diputación de Sevilla ha ordenado el pago de 20 millones de euros para los programas de emergencia social y contra la exclusión. En detalle, la cuantía asciende a quince millones de euros para la prevención de la exclusión social, al que se suman 1,5 millones de euros de aportaciones por parte de los ayuntamientos; y cinco millones de euros para emergencias sociales. La ejecución de estos programas se extenderá hasta diciembre de 2024, y los consistorios tendrán hasta marzo de 2025 para justificar los gastos realizados.
El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023, actualizado para 2023 en el Pleno del pasado 29 de diciembre de 2022, recoge como anexos a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales de la provincia de Sevilla los Programas para la Prevención de la Exclusión Social 2023 y del Programa Extraordinario de gestión municipal con destino a las Emergencias Sociales 2023, ha recordado la Diputación en una nota de prensa.
Una vez publicadas las bases, se acordó la autorización del gasto y la aprobación de la convocatoria, que recoge como anexos los importes asignados a cada entidad local para el desarrollo y ejecución de dichos programas de gestión municipal. Una vez transcurrido el plazo para la presentación del documento de compromiso de ejecución y aceptación expresa de los ayuntamientos, la Diputación, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, está procediendo a ordenar los pagos de las transferencias en un único pago.
La diputada provincial responsable de las políticas sociales, María Encarnación Fuentes, ha expresado que "con estos dos programas, financiados con fondos propios provinciales y la cofinanciación de los ayuntamientos en función de su población, incidimos en la integración social de personas en riesgo de exclusión o riesgo de padecerlo a través de contrataciones temporales en tareas no estructurales en los ayuntamientos. Además, atendemos situaciones de emergencia social que ayuden a paliar necesidades básicas habitacionales, de alimentación, suministros, medicamentos y otros conceptos de primera necesidad".
Como factor de "equidad y justicia" en la distribución de los fondos, para ser beneficiario de estos programas se considerará la renta de la unidad familiar y el informe previo de los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos, "cuya labor profesional y compromiso social es imprescindible para el logro de los objetivos que se persiguen, y ponen en valor la función de los empleados públicos en los municipios que cada día desarrollan su tarea en los equipos del ámbito social municipal", ha subrayado Fuentes.
