Un experimentado agente de la Policía Nacional lamentaba en la noche del 25 de enero, confirmada el asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma a manos de un presunto yihadista, que “Algeciras es un polvorín”. Una semana después, el alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), reclamó durante la Junta local de seguridad celebrada en el Ayuntamiento más información sobre los protocolos que se siguen ante ataques como el perpetrado por Yasine Kanjaa, lobo solitario que se radicalizó consumiendo propaganda salafista en muy poco tiempo. No en vano, la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2021 por el Consejo de Ministros, advierte de que “la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento”. Y la comarca es propicia como puerta de entrada de la inmigración ilegal y base de bandas criminales dedicadas al tráfico de seres humanos y el narcotráfico. Hay un frente común, con Jupol a la cabeza, para reclamar la declaración de Zona de Especial Singularidad al territorio, lo que conllevaría un incremento del número de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras medidas coercitivas.
Sin embargo, el alarmismo con respecto al yihadismo no está del todo justificado. Al menos, en términos estadísticos. El mapa de la lucha contra el terrorismo yihadista desde 2012 del Ministerio de Interior indica que, en el conjunto de la provincia, se han detenido a nueve personas (cinco en Algeciras, ciertamente, uno en La Línea y otro, en El Puerto de Santa María). En términos relativos, el porcentaje es insignificante, teniendo en cuenta que hay casi medio millar de radicales arrestados en la última década y 281 actuaciones policiales. Los detenidos en Cádiz representan únicamente el 1% y las operaciones desarrolladas aquí, el 2,1%.
Pese a la contundencia de los números, Vox ha aprovechado para abrir debate. “No nos vamos a callar, no nos van a silenciar y no vamos a dejar de denunciar lo que está sucediendo, porque más vale prevenir que llorar, y aquí en Algeciras se lloró y mucho”, declaró Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario de la formación de Santiago Abascal en la Cámara Andaluza. “El islamismo ya está en nuestra tierra porque unos les abren las puertas, otros los financian y las consecuencias las sufrimos los españoles, en este caso ayer la gente de Algeciras. Hablamos de culturas incompatibles con la nuestra”, afirmó, cuestionando la pacífica convivencia de hasta 129 nacionalidades solo en la ciudad. Precisamente ayer, la Comisión de Interior del Congreso ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que instaba a proteger a los españoles frente al yihadismo y las políticas que favorecen la “creciente islamización de España”.
Driss Mohamed, representante de la Asociación Socio-Cultural El saladillo en Algeciras y portavoz de la Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar, considera normal que “haya conflictos aislados” en una ciudad que ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos 40 años, pero niega que haya problemas ligados a la interculturalidad y censura “la política carroñera” que busca réditos electorales. La realidad, asegura, es que “los primeros en disfrutar de la Feria son los musulmanes; en la Cabalgata de Reyes, estamos en primera fila y yo mismo veo cada Semana Santa al Cristo de Medinaceli junto a mi casa”. Al mismo tiempo, “hay un auge de personas autóctonas que abrazan” el Corán. “Las barreras las crean la política y la sociedad”, añade.
Al hilo, Andrés de la Peña, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, indica que, efectivamente existen prejuicios, pero se esfuman cuando el musulmán es un cuñado, un compañero de trabajo, un amigo. “Las relaciones personales son claves”, agrega, para apuntalar la convivencia pacífica de las diferentes religiones y nacionalidades.
Como amenaza, De la Peña apunta los problemas económicos y laborales que sufren las personas por su origen. En Algeciras, según los datos publicados por el Instituto Andaluz de Estadística (IECA) recientemente correspondientes a 2021, la población española percibe un salario bruto medio anual de 22.316; el de la población extranjera es de 8.847. La repercusión social de esta brecha es inevitable.
Driss Mohamed apunta a un segundo elemento. La comunidad musulmana no ha tenido tradicionalmente una representación que defienda sus intereses. “Carecemos de un cementerio para dar sepultura a nuestras personas queridas”, pone de ejemplo. Y asume que la tarea que resta por hacer es dotar de más transparencia a la formación religiosa, y ofrecer una cara más abierta, no necesariamente ligada a la confesión, que no menosprecie otros credos ni a otras culturas.
“Hay que hacer hincapié en la simbiosis que se produce en Algeciras”, resume, y ofrecer atención a aquello que se salga de lo normal. “Si alguien le hubiera dedicado cinco minutos al loco que mató al sacristán, quizá las cosas habrían sido diferentes”, reflexiona.
