Un matrimonio valenciano logra que se le condone una deuda de casi medio millón

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, en aplicación de la conocida como ley de segunda oportunidad, ha condonado una deuda de 488.000 euros que había acumulado un matrimonio valenciano como avalistas de una Sociedad Limitada de la que eran propietarios y que quebró.

En un auto fechado el 6 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, el juez expone que la exoneración de la totalidad del pasivo fue solicitada por este matrimonio el pasado diciembre y que "quedaron los autos sobre su mesa, sin haberse realizado alegaciones adicionales".

También expone que los solicitantes cumplen con los requisitos legales de actuar "de buena fe", que no haya sido declarado el concurso culpable y que no hayan sido condenados en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración del concurso. 

Sin embargo, advierte en el mismo auto de que cualquier acreedor afectado por dicha exoneración podrá solicitar la revocación de la misma si logra acreditar la existencia de bienes, derechos o ingresos que hayan sido ocultados, si en los próximos tres años mejora sustancialmente la situación económica del deudor por suerte, herencia, legado o donación o si en el momento de la solicitud estuviese en trámite un proceso penal o administrativo y recayese sobre el beneficiario una condena o resolución administrativa firme.

Según han explicado a EFE los letrados del despacho Castillo Castrillón de Valencia, que han llevado este proceso, "las deudas de este matrimonio no provenían de gastos personales, sino de los avales que prestaron a una SL que tuvieron que cerrar".

"Al acogerse a la ley de segunda oportunidad, estas personas han logrado una exoneración completa de casi medio millón de euros, una cantidad muy importante que demuestra que la ley funciona. Además, estas personas, que han seguido trabajando con normalidad durante el proceso, podrán conservar sus bienes y sus salarios", han explicado los letrados.