Las expectativas económicas han mejorado en los últimos meses hasta el punto de que el crecimiento en 2022 ha sido superior al esperado. Pero los responsables de Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, reconocen que “las perspectivas anticipan una desaceleración en 2023”.
La principal amenaza, indican en respuesta a un cuestionario remitido por correo electrónico, son “las fuertes presiones inflacionistas desde mediados de 2021, con crecimiento de los precios a niveles que no lo hacían en los últimos 40 años”. Esto ha llevado al endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales.
A corto plazo, admiten, esta medida “afectará a las decisiones de consumo e inversión de hogares y empresas” y sostienen que habrá que tomar otras decisiones para evitar “la aparición de efectos de segunda ronda que retroalimente el aumento de precios y, por tanto conduzcan a altos niveles de inflación persistentes, reduciendo la competitividad de nuestra economía”. En este sentido, señalan como necesario que “las empresas y los trabajadores, de manera diferenciada por sectores” asumir parte del coste de la pérdida de renta real.
El economista Daniel Albarracín, miembro de la Cámara de Cuentas de Andalucía, no está de acuerdo. Apunta que, si los datos de desempleo se han reducido drásticamente, Andalucía sufre tasas muy superiores a las del resto de España, por un lado, y, por otro, la reforma laboral “ha atajado la temporalidad, pero ha cambiado la precariedad de lugar, no la ha eliminado porque no se protege el despido, ni se elevado la indemnización”. Y los salarios sufren una merma, de más del 5%.
En cuanto a los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno de España para paliar los efectos devastadores en las economías domésticas, valora que se haya topado el precio del gas para evitar que la luz siga disparada, pero advierte de que, si Bruselas no prorroga la autorización, se notará en la factura.
Respecto a la rebaja del IVA del 4% al 0% a los alimentos de primera necesidad, lamenta que esta decisión “no venga acompañada de un paquete completo de medidas con la regulación de los costes finales porque las grandes superficies” hacen trampas: dejan las etiquetas como estaban y “consiguen más margen empresarial”.
Finalmente, Albarracín lamenta que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con solo la mitad de los potenciales perceptores beneficiados, sea un fiasco por trabas burocráticas. La renta social que otorga la Junta de Andalucía ha reducido en un 50% los fondos disponibles, sostiene.
El resultado de la suma de todos estos elementos dan como resultado, según su criterio, “una desigualdad como nunca en la historia, una sociedad polarizada, especialmente en nuestra región, donde hay una estratificación social notoria en los barrios”, pero no siempre visible.
“Hay gente que lo está pasando mal, pero después vas por la calle y ves los bares llenos”, opinaba para el programa Andalucía a debate de 7TV un vecino en Sevilla. “El nivel de consumo no debe ocultar que existe una pobreza emergente”, reflexionaba, por su parte, José Rico Pavés, obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez en una reciente entrevista para VIVA JEREZ de Francisco C. Aleu. “Quienes solo reparan que no hay mesas libres en las terrazas, solo observan la superficie del problema”, remata Albarracín.
Juan Luis Delcan, presidente de la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión de Andalucía, indica que, efectivamente “crecen los principales indicadores del Arope, que mide la exclusión social”, con 3,27 millones de andaluces amenazados. En término relativos, este número representa el 38,7% del total de la población, con la comunidad en la primera posición junto a Extremadura en riesgo de pobreza.
Además, es la segunda autonomía en personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo y en personas en privación material social y severa: un 18% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; el 54,7% experimenta dificultades para llegar a final de mes; un 42,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y, finalmente, el 37,4% no puede permitirse sustituir los muebles o estropeados de sus domicilios.
Hay más. La renta media por persona en Andalucía es de 9.915 euros, más de 2.300 euros inferior a la renta media nacional y la segunda más baja de todas las regiones; más de 1,6 millones de pensionistas, el 41,3% del total, perciben importes por debajo de lo mínimo para considerarse pobre, 688 euros; y la tasa de pobreza infantil es del 40,3% en 2021, siete puntos porcentuales más que en el año anterior. En cualquier caso, la mayor tasa Arope sigue estando vinculada a las mujeres, dado que las asalariadas cobran de media al año 3.860 euros menos que los hombres y un alto porcentaje trabaja por debajo del salario mínimo interprofesional, concretamente, según la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión de Andalucía, 930.674, “lo que supone la elevada cifra de un 60,7% sobre el total de mujeres ocupadas.
“A mediados de 2023 actualizaremos el informe”, adelanta Delcán, quien trabaja actualmente, asimismo, en la elaboración de un decálogo de medidas que ofrecerá a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales de mayo porque el compromiso desde las administraciones, reclama, debe ser mayor.
