La Federación Andaluza de Caza (FAC) mantuvo este viernes la quinta de las reuniones informativas convocadas en las provincias de la comunidad autónoma para informar a cazadores y sociedades sobre la Ley de Bienestar Animal que tramita el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, impulsada por el Ministerio de Justicia.
El sector está preocupado por “el conformismo y la resignación de algunos cazadores” y trata, asimismo, de “combatir los bulos y la desinformación” en torno a ambos proyectos, y anima “a conocer lo que está pasando para evitarlo”.
En el extremo contrario, el partido animalista Pacma se movilizó el pasado domingo en cinco ciudades andaluzas, entre ellas Algeciras, “para pedir al PSOE y a Unidas Podemos que incluyan a los perros de caza, guarda y actividades específicas en el texto final de la Ley de Protección Animal que se encuentra en trámites”. La Plataforma NAC (No a la Caza) lleva desde septiembre pasado reclamando a los partidos que gobiernan en coalición exactamente lo mismo con la adhesión de más de un centenar de asociaciones en toda España.
El Gobierno de España ha conseguido hasta el momento soliviantar los ánimos de unos y otros, pero por el momento ha congelado su tramitación, precisamente a raíz de la enmienda presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para la exclusión de los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza asegurando que “todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondientes y que les sea de aplicación al margen de esta ley”. Unidas Podemos ha advertido de que dejará caer la ley por este motivo.
Esta circunstancia no aplacará el debate. Tanto la Federación Andaluza de Caza, que se siente agraviada y sufre aún las consecuencias de la pandemia, como los colectivos animalistas, no piensan ceder en sus posiciones.
“La ley se tramita con el sector débil, y sin relevo generacional”
El presidente de la Sociedad Federada de Caza Malvis, José María Clavijo, no está convencido. La aprobación de la enmienda del PSOE a la Ley de Bienestar Animal para la exclusión de los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza “es un alivio”, pero “no nos fiamos”. “¿Hasta qué punto, con el tiempo, no se le dará la vuelta?”, duda.
Aunque lo que realmente le preocupa es la reforma del Código Penal en materia del maltrato animal impulsada por el Ministerio de Justicia que incluye, asegura, penas de cárcel a una persona por matar a una rata. “No se puede dañar a ningún animal vertebrado”, advierte. En el caso concreto de la caza, la reforma se remite a la ley propia de la actividad, pero teme que se abra la puerta a que, si, dado el caso, “te sales del cupo de 25 zorzales”, por ejemplo, “y te sitúas fuera de la ley acabes” igualmente condenado a prisión. No exagera, dice. “¿Que termines entre rejas por tengas que pagar una multa de 10.000 euros por un rabo de lagartija es exagerado?”, se pregunta. Responde señalando a la rebaja de las condenas para violadores una vez aprobada y en vigor la denominada Ley del solo sí es sí. “Parecía imposible, pero una vez hecha la normativa, se materializa”.
Clavijo lamenta que el Gobierno de España no atienda a razones y reduzca el debate a un “estás a favor, conmigo, o en contra”, justo en un momento muy delicado para el sector. Las más de 32.100 licencias registradas antes de la irrupción del Covid y la paralización de la actividad por la limitación de la movilidad no se han recuperado. “No hay relevo generacional”, lamenta. “La gente joven no se acerca al campo, en general, y a la caza, mucho menos”, agrega. Además, económicamente, “la situación es lamentable por la pérdida de poder adquisitivo y los cotos más caros, la cartuchería... todo”. “La estrategia no es ingenua”, alerta.
La Mesa Provincial de la Caza, impulsada por la Diputación de Cádiz, no ha abordado el asunto. Pendientes de una nueva reunión, confía en recabar apoyos porque temen quedar heridos de muerte con una “ley atravesada por los prejuicios” que obligará a modificar “la fantástica normativa andaluza”. Y finaliza señalando que se incrementan las sanciones y la creación de observatorios y entes en lugar de reforzar la inspección para garantizar, precisamente, el bienestar animal.
“¿Cómo se puede dejar fuera de la ley a quienes matan galgos?”
La Plataforma NAC (No a la Caza), conformada por un centenar de protectoras, inició el pasado mes de septiembre acciones de protesta para exigir la retirada de la enmienda del PSOE a la Ley de Bienestar Animal en la que pide excluir a los perros usados para cazar. Entre las iniciativas llevadas a cabo, un autobús con la imagen de Pedro Sánchez y un galgo ahorcado recorrió Madrid apoyados por personalidades como Fernando Tejero y Susana Griso. Pero los socialistas no atendieron a la petición y lograron sacar adelante su propuesta con los apoyos de PP y VOX.
David Rubio, portavoz de la plataforma, lamenta que el PSOE se ponga de perfil. En conversación telefónica, recalca que “la caza es el principal motivo de abandonos de perros”. Es preciso tener en cuenta, abunda, “que el colectivo de cazadores representa solo el 1% de tenedores de perros a nivel nacional”. De manera que el porcentaje de abandonos es elevadísimo y, sin embargo, el Gobierno de España les da vía libre para, según sostiene, mantener un negocio en la sombra que reporta pingües beneficios al sector “con dinero negro en muchos casos” con la cría y venta de los mismos. Pone de ejemplo el caso del galgo Faruq, el mejor galgo de España de 2017 que se mató tras perseguir una liebre en una zona con maleza que le impidió detectar a tiempo una reguera. A su dueño llegaron a ofrecerle hasta 100.000 euros.
Rubio reconoce que el texto en general recoge reivindicaciones de su colectivo que suponen avances importantes en la protección animal, como por ejemplo la prohibición de algunas modalidades de caza como el silvestrismo o el tiro al pichón. Pero se queda corta “y no vale para nada”. “Nosotros estamos por prohibir también la caza con perros”, remarca. “Muchos mueren en la lucha salvaje contra otros animales, destripados o atropellados”, denuncia y, en el caso de los galgos, “a partir de los cuatro años, se desechan”. “¿Cómo se puede dejar fuera de la ley a los cazadores que los asesinan a tiros, ahorcan o tiran a un pozo?”, se pregunta sin ocultar su indignación.
Por ello, la plataforma prepara nuevas movilizaciones, que se desarrollarán de manera simultánea en 44 ciudades de toda España. En la provincia de Cádiz, tendrán presencia el próximo 5 de febrero, a partir de las 12.00 horas, en la Plaza de San Antonio, en la capital.
