La Diputación de Cádiz ha afirmado que mantiene su compromiso para la continuidad de los programas que sostienen los Servicios Sociales, tanto comunitarios como especializados, en las poblaciones con menos de 20.000 habitantes de la provincia.
Así se lo ha confirmado el diputado delegado de Bienestar Social, David de la Encina, a todos los alcaldes de los municipios afectados a través de una misiva, según ha indicado la Diputación en una nota.
De la Encina ha explicado que la cuantía que aporta la Diputación para el mantenimiento de estos programas concertados con otras administraciones ya ha sido aprobada dentro del presupuesto de la Institución Provincial para el año 2023.
De esta manera, se seguirán desarrollando con total normalidad de cara al próximo ejercicio tanto los incluidos bajo el denominado 'Plan Concertado', como son los de Zonas Básicas de Servicios Sociales, Ludotecas y Servicio de Ayuda a Domicilio; como el Fondo contra la Pobreza Energética y el programa de Mayores Activos, según Diputación.
Asimismo, ha señalado que se ha informado igualmente a los ayuntamientos que la Diputación dará continuidad al mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y de su personal, con la firma de los correspondientes convenios con los 30 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, manteniéndose el porcentaje de cofinanciación establecido.
Diputación ha recordado que hace sólo unas semanas el Pleno aprobaba el presupuesto de 2023, calificado por el presidente Juan Carlos Ruiz Boix como "el más social de la historia", tal como se demuestra "con los 137 millones que se destinarán a protección social".
Para el desarrollo de la Ley de Dependencia en los municipios con menos de 20.000 habitantes se consignan 36 millones de euros; al plan concertado se dedican 6,3 millones, que permiten el funcionamiento de ludotecas, la concesión de la ayuda a domicilio, programas de cooperación social o ayudas de emergencia, entre otras previsiones. Además, se consignan seis millones de euros para atender las necesidades de entidades sin ánimo de lucro, conforme a las estipulaciones que se regulen en los correspondientes convenios específicos.
