La pandemia incrementó los problemas de desigualdad a pesar de las políticas de contención aunque estas permitieron "aminorar" los efectos más negativos, según el 'Informe sobre la Desigualdad en España 2022. El impacto de la pandemia', publicado por la Fundación Alternativas.
"Aunque las olas de la enfermedad parecen no haber desaparecido y los nuevos problemas de la guerra en Ucrania y la inflación le han restado protagonismo, la impresión general que obtenemos tras la lectura es, por un lado, que la desigualdad sigue siendo un problema relevante, especialmente en España, y así lo expresan los ciudadanos; y, por otro, que la pandemia incrementó los problemas de desigualdad, a pesar de las políticas de contención aplicadas por las administraciones públicas", señala el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.
Además, añade que "el nuevo escenario económico no augura mejoras sustanciales en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social a lo largo de los próximos meses".
En el primero de los capítulos del informe, titulado 'Efectos de la pandemia sobre la distribución de la renta de mercado, con especial consideración del mercado de trabajo', Rafael Muñoz de Bustillo y José Ignacio Antón, precisan que el aumento de la desigualdad de los ingresos se produjo con más intensidad en los niveles de renta más bajos.
Según indican, citando datos del Informe FOESSA (2022), la caída de renta media más intensa se habría producido en el primer quintil de la distribución (17%), y en menores proporciones en los siguientes tres quintiles, de modo que solo el 20% de la población de mayor renta se habría visto exceptuado de la caída de la renta media.
Los autores precisan que la emergencia sanitaria vinculada a la COVID-19 dio lugar a "una experiencia inédita". Si bien, apuntan que, "a diferencia de la Gran Recesión, los efectos negativos de este shock sobre las desigualdades en el mercado laboral habrían sido de menor calado" gracias a la respuesta de las administraciones públicas españolas, por ejemplo, con los ERTE.
También apostillan que otros nuevos factores han afectado de manera intensa al mercado de trabajo como la reforma laboral, la guerra de Ucrania y la intensificación de la inflación. En esta línea, advierten de que los impactos diferenciales de los precios sobre quienes tienen menores ingresos van a significar una clara tendencia al aumento de las desigualdades.
El segundo capítulo titulado 'Condiciones de trabajo, riesgos psicosociales, salud y desigualdades en tiempos de pandemia', elaborado por Salvador Moncada, Clara Llorens, Albert Navarro y Sergio Salas, avisa de que "los problemas psicosociales tienen una clara incidencia en la desigualdad y afectan especialmente a los trabajadores en los puestos menos cualificados, peor pagados y más inseguros, y, de modo diferencial, a las mujeres y a los jóvenes".
Según apuntan los autores, aunque las "situaciones de alta tensión" en el trabajo existían de forma significativa con anterioridad, "han crecido sustancialmente en los años posteriores a la pandemia, dando lugar a múltiples problemas de salud, singularmente en los campos de las enfermedades cardiovasculares y los trastornos de salud mental".
El informe también profundiza en 'El sistema de atención a la dependencia antes y después de la pandemia', a través de la mirada de Mercedes Sastre y Rosa Martínez, quienes recuerdan que, entre marzo de 2020 y junio de 2022, fallecieron 86.565 beneficiarios del Sistema de Atención a la Dependencia más de lo esperado, de los que alrededor del 40% murieron en las residencias.
A su juicio, durante la pandemia se evidenciaron las "deficiencias" del sistema de cuidados existentes antes del comienzo de la pandemia, como pocos recursos, listas de espera o trabajadores en condiciones laborales precarias. Asimismo, las autoras sugieren que, más allá del Plan de Choque implementado, se revise el diseño global del sistema y se deje atrás el modelo masificado residencial actual.
Asimismo, el estudio aborda la relación existente entre las desigualdades sociales y las desigualdades en el acceso a la sanidad. En este sentido, José Manuel Freire y Javier del Águila, advierten de que el aumento de las desigualdades no se relaciona solo con la COVID-19 e insisten en "la necesidad de fortalecer la atención primaria, la reforma del sistema de salud pública o la renovación de los servicios de atención a la salud mental".
Por su parte, Álvaro Ferrer analiza las políticas educativas, en el contexto de la estrategia de recuperación de los efectos de la pandemia, y afirma que estas "han puesto el acento en la protección sanitaria o la digitalización, a cambio de sacrificar en cierto modo la aplicación de criterios de equidad en el sistema educativo, que ya adolecía de serios problemas de inequidades en el período anterior a la pandemia".
Si bien, considera que las líneas políticas lanzadas con motivo de la nueva ley educativa (LOMLOE), como las que afectan a las repeticiones de curso, los sistemas de evaluación o las novedades en el ámbito del currículo, "sí parecen orientarse en la buena dirección para corregir algunas inequidades tradicionales del sistema educativo español".
Mientras tanto, Jordi Bosh aborda en otro capítulo del informe la relación entre 'Pandemia y exclusión residencial' y señala que, aunque el problema de la vivienda es estructural, "la pandemia lo ha intensificado y, en la actualidad, el proyecto de ley por el derecho a la vivienda se ha convertido en una pieza clave del debate político".
Por otro lado, el capítulo ocho se refiere a la 'Pobreza e inseguridad alimentaria antes y después de la pandemia'. En el texto, Cecilia Díaz-Méndez, Rosa Martínez y José Manuel Parrilla, abundan en que "aunque el hambre sigue existiendo en la sociedad española, especialmente en las situaciones de crisis, la cuestión de la inseguridad alimentaria va más allá del hambre y es fundamental, por las negativas consecuencias que puede tener sobre la salud, la educación o el trabajo".
Más allá de la ayuda alimentaria que se canaliza, "de forma casi exclusiva", a través de las organizaciones del tercer sector, los autores opinan que las administraciones públicas deberían poner el acento en garantizar el derecho alimentario, especialmente entre la población extranjera y la minoría de origen gitano, además de "promover desde la escuela la cultura culinaria y de alimentación saludable".
Atendiendo a la digitalización, el informe también ahonda en las consecuencias del intenso desarrollo de esta durante la pandemia. En el documento, Inmaculada Ordiales apunta que la transformación digital de la economía y la sociedad es "inevitable" pero avisa de "los riesgos de abusos o desprotección de quienes tienen dificultades para incorporarse al mundo digital, como los mayores".
Finalmente, en el último capítulo, titulado 'La justificación de las desigualdades y herramientas de (p)redistribución', Borja Barragué ofrece un conjunto de reflexiones sobre el alcance y el contenido de las desigualdades, así como sobre las políticas destinadas a corregirlas.
