La Audiencia Provincial de Almería va a acoger el próximo 22 de septiembre el juicio contra seis empresarios a los que la Fiscalía acusa de emplear los datáfonos de sus negocios para realizar cargos ficticios tanto con tarjetas emitidas por entidades extranjeras cuyos titulares no se encontraban en España como a clientes de un club de alterne quienes previamente habían abonado sus servicios, lo que les habría permitido "defraudar más de 80.000 euros" en apenas diez meses entre enero y octubre de 2016.
El Ministerio Público achaca a los tres principales acusados un delito de pertenencia a grupo criminal y dos delito continuados de estafa por los que pide once años de prisión, según consta en el escrito provisional al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que los primos J.G.G. y A.G.A. habrían ideado el sistema para obtener un beneficio "ilícito" a través de la numeración de las tarjetas de crédito y los TPV.
Para ello, ambos se habrían servido de los datáfonos de los negocios en los que figuraban como apoderados y administradores, entre ellos, un club de alterne, un hotel y locales de copas situados en varios municipios de la zona Levante de Almería como Garrucha, Mojácar, Vera o Cuevas del Almanzora para "fingir operaciones lícitas de comercio" en ellos. De acuerdo con la acusación, una de las vías para obtener la numeración de las tarjetas era a través de los clientes del club de alterne.
Si bien muchos de ellos no denunciaron el fraude, al menos otros dos sí identificaron cargos por 1.522 euros y 10.710 euros que no habían hecho tras utilizar su tarjeta bancaria tanto en el club como en un establecimiento anexo al mismo.
Según la investigación preliminar, las pesquisas partieron de la denuncia de uno de estos perjudicados, que relató que junio de 2016 se encontraba en una fiesta en la que realizó una compra por un importe de 83 euros, produciéndose a su vez ese mismo día y en ese mismo local cargos sin su consentimiento por valor de 10.710 euros, pese a que "no se desprendió en ningún momento de su tarjeta". A esta denuncia le siguió otra interpuesta de otro hombre que contrató servicios de prostitutas con varios cargos sucesivos que sumarían 260 euros en mayo del mismo año, aunque se le reflejaron importes por valor de 1.522 euros.
TARJETAS EXTRANJERAS
De otro lado, los acusados habrían contado con la colaboración de "personas desconocidas" para conseguir la numeración de tarjetas emitidas por entidades financieras extranjeras pertenecientes a afectados que "no habían estado en España".
En concreto, la supuesta estafa llegó a afectar a unas 50 entidades de las que 22 eran españolas y las 28 restantes de fuera del país, radicadas en lugares como Estados Unidos, China, India, Australia, Hong Kong, Barbados, Noruega, Alemania, Suiza, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Francia, Austria, Canadá, Reino Unido y Puerto Rico, entre otros.
Ningún afectado extranjero ni entidad jurídica ha reclamado por estos hechos. "Los acusados pasaron de forma indebida y fraudulenta la numeración de esas tarjeta por los TPV contratando más de 500 ocasiones, siendo unas operaciones denegadas aunque otras muchas fueron aceptadas", apunta el fiscal, quien recoge además la colaboración de al menos otros cuatro acusados de otros negocios de la zona que también prestaron los datáfonos de sus comercios, entre ellos O.G.G., para el que pide las mismas penas de prisión.
En relación a estas conexiones entre los investigados, el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera que instruyó la causa, Alfonso Peralta, apuntaba que en sus declaraciones iniciales algunos implicados reconocieron conocerse entre sí e incluso algunos habrían llegado a reconocer los hechos.
Así, O.G.G., a través de sus restaurantes habría servido el catering o comidas al club de alterne y a las prostitutas así como a A.R.G. y a J.G.G. Este acusado reconoció que supuestamente le habrían pedido los datáfonos de sus restaurantes a cambio de un pago de 3.000 euros, llegando admitir que ingresó hasta 68.000 euros; unas prácticas que supuestamente se habrían dado entre el resto de implicados.
Además, la investigación policial llevó a identificar a otros tres acusados en menor grado de participación, entre ellos el dueño de un taller mecánico de la capital identificado como D.S.M., a quien le constan seis condenas --entre ellas al menos una firme por estafa-- quien trabajaba como vigilante en el club de alterne quien habría facilitado el TPV de su negocio para participar del fraude para el que pide cinco meses de cárcel.
Del mismo modo, la Fiscalía pide otros cinco meses de prisión para M.E.M.M. y F.M.A., quienes a través de su pub trataron de aplicar dos cargos por un importe conjunto de 2.300 euros sin éxito, con lo que les acusa de un delito de estafa en grado de tentativa. Las pesquisas iniciales apuntaban a operativas fraudulentas por valor "de más de 460.000 euros", aunque se confirmaron como cantidades de tentativa de fraude unos 137.979 euros que "habrían sido frustrados" mientras que otros 81.089 euros aparecerían como parte del "fraude consumado".
