Aunque transcendió ayer el municipio de Villar de Cañas adoptó la decisión de optar al almacén de residuos radiactivos el pasado viernes, en un pleno al que sólo se sumó un vecino, además de los cinco ediles de la corporación (cuatro del PP y uno independiente), que votaron a favor por unanimidad.
Mientras aumenta la lista de municipios que se postulan continúa la confrontación política e institucional y el enfrentamiento de los alcaldes de los municipios con las direcciones de los partidos a los que pertenecen y con los máximos responsables de las comunidades autónomas a las que pertenecen.
Así, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha asegurado que esta comunidad empleará “todas las formas legales” a su alcance, sin descartar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Barreda criticó la candidatura de Villar de las Cañas: “Es curioso que se haya aprobado prácticamente en la clandestinidad”.
Por su parte, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre la candidatura del pueblo conquense e insistió en que la decisión compete al Gobierno central y requiere “consenso social”.
“No es de recibo que el Gobierno de España, que es el que tiene que decidir por razones técnicas y de seguridad la ubicación del ATC, dé la callada por respuesta y el ministro de Industria esté desaparecido.
La respuesta desde el Gobierno central ha llegado desde la vicepresidencia tercera, cuyo titular, Manuel Chaves, ha insistido en que, aunque la decisión última sobre la ubicación del almacén de residuos nucleares corresponde al Ejecutivo, su intención es adoptarla “por consenso” con los municipios y comunidades afectados y la oposición.
El vicepresidente ha recalcado que los presidentes autonómicos y los alcaldes “tienen la autonomía” institucional para pronunciarse, pero ha subrayado que lo que tiene “absolutamente claro” el Gobierno es que “esos almacenes se tienen que hacer y se tienen que ubicar”.
Aunque ha reafirmado el rechazo del Govern a la candidatura de Ascó, el presidente catalán, José Montilla, ha dejado el caso el manos del Gobierno central, tras marcar distancias con sus socios ecologistas al recordar que no es antinuclear.
En la sesión de control al Gobierno en el Parlament, Montilla ha defendido la oportunidad de que una instalación de estas características cuente con consenso político, social y territorial.
Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) están dado un espectáculo “vergonzoso y electoralista”, y ha pedido al Gobierno un plan concreto para acabar con la energía nuclear.
